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Reglas editoriales, servicios y protección de sus datos personales.
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Consulte las políticas de Puerto Carreño Online sobre autoría, información local, directorio, servicios, privacidad y atención de reclamaciones.
Versión del documento: 22 de octubre de 2026.
Vigencia de esta revisión: desde su publicación. Sustituye la versión del 28 de septiembre de 2026, vigente desde el 1 de octubre de 2026, sin reducir derechos adquiridos ni reemplazar autorizaciones que deban renovarse.
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Puerto Carreño Online es una publicación independiente creada y dirigida por David J. Wright en Puerto Carreño, Vichada, Colombia. La responsabilidad editorial y administrativa de este sitio corresponde a su autor.
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La publicación reúne información sobre Puerto Carreño para residentes, visitantes y personas interesadas en conocer el territorio. Su trabajo comprende referencias locales, historia, cultura, lugares, servicios y páginas de establecimientos.
La cobertura de iniciativas comunitarias no significa que el sitio las administre. Cuando exista participación, patrocinio o colaboración, se explicará quién desarrolla la actividad y cuál es la relación de la publicación con ella.
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La colaboración con instituciones y autoridades no supone delegación de funciones públicas. Puerto Carreño Online no expide licencias, permisos ni certificaciones oficiales.
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La Asociación define sus propios procesos de admisión, organización y gobierno mediante sus documentos y canales institucionales. Sus órganos no se presentan como dirección de la publicación personal.
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Los encargos de redacción, entrevistas, fotografía, edición, desarrollo web y consultoría remuneran el trabajo identificado en cada acuerdo. La publicación básica de texto de establecimientos y su registro son gratuitos.
Los ingresos por servicios editoriales de Puerto Carreño Online se distinguen de cuotas, aportes y recursos administrados por la Asociación. Cada pago identifica al destinatario, concepto y condiciones. Una tarifa por trabajo no se presenta como donación.
El apoyo de la Asociación al directorio se describe según su alcance concreto. Ese apoyo no transfiere automáticamente la propiedad de dominios, identidad editorial o contenidos personales. Cualquier uso de esos activos por otro proyecto se acuerda de manera expresa.
Las relaciones económicas relevantes para una publicación se identifican conforme a la política editorial.
Publicamos información, noticias, entrevistas, opiniones, documentos y contenidos educativos sobre asuntos de interés local. La libertad de expresión y de fundar medios, la prohibición de censura y la protección de la actividad periodística tienen fundamento constitucional. Se ejercen junto con la responsabilidad social, el derecho de rectificación y el respeto por otros derechos. Constitución, artículos 20 y 73; Corte Constitucional, T-391 de 2007.
Nuestro criterio editorial exige:
Distinguir hechos comprobados, declaraciones atribuidas, opiniones y propuestas.
Consultar fuentes pertinentes y conservar los respaldos esenciales.
Identificar fechas y limitaciones cuando una información pueda cambiar.
Solicitar la versión de personas afectadas por señalamientos relevantes, cuando proceda.
Evitar acusaciones sin sustento, discriminación y exposición innecesaria de datos privados.
Corregir errores materiales de forma visible y proporcional.
Promover el desarrollo local no exige ocultar problemas ni prometer cobertura favorable. La crítica fundada y el reconocimiento de mejoras pueden coexistir.
La condición de editor, periodista o webmaster no otorga inmunidad personal ni excluye responsabilidad por conductas propias. La protección editorial proviene de los derechos aplicables y del ejercicio responsable de la publicación, no de usar un distintivo o una licencia de contenidos.
Puerto Carreño Online es una creación editorial personal de David J. Wright. La titularidad de los contenidos originales corresponde a sus autores y a los acuerdos que se hayan establecido para cada obra.
El apoyo de Asociación Puerto Carreño al directorio no extiende por sí solo la propiedad o licencia de los contenidos a la Asociación ni a Puerto Carreño Al Día. Cualquier reutilización entre proyectos respeta la atribución, los derechos y el alcance autorizado.
El portal combina obras propias, aportes autorizados, referencias a fuentes públicas y materiales reutilizables conforme a sus licencias. Que algo pueda verse en internet no significa que pueda copiarse libremente.
Para materiales Creative Commons se verificará la licencia exacta de cada obra. Se mantendrán la atribución, el enlace a la fuente y a la licencia, y la indicación de modificaciones cuando corresponda. También se respetarán las condiciones particulares de compartir igual, usos no comerciales o prohibición de distribuir adaptaciones. Una licencia no acredita la veracidad de un contenido ni concede automáticamente derechos sobre imagen personal, marcas o información privada. Creative Commons, condiciones de CC BY 4.0.
Un artículo de Wikipedia y una fotografía incorporada en él pueden tener licencias diferentes. El contenido de redes sociales, mapas y videos se enlazará o incorporará mediante funciones autorizadas cuando resulte adecuado; la disponibilidad pública no se tratará como autorización universal de reproducción.
Contenido propio: salvo licencia expresa en la publicación, se reservan los derechos correspondientes. Pueden compartirse enlaces y hacerse citas dentro de los límites legales, identificando autor y fuente. La reproducción íntegra requiere una licencia o autorización aplicable.
No se aplica una licencia Creative Commons general a todo el sitio por el solo hecho de alojar obras con esa licencia. Los colaboradores conservan sus derechos salvo acuerdo distinto y autorizan los usos que se pacten expresamente.
Los escudos, sellos, marcas y logotipos de terceros se revisarán individualmente. No se utilizarán para insinuar afiliación, certificación o respaldo inexistentes.
Las solicitudes editoriales, de autoría o rectificación pueden enviarse a webmaster@puertocarreno.com, indicando el enlace, el fragmento cuestionado, el motivo y los documentos disponibles. No es necesario remitir información sensible que no ayude a resolver el caso.
Registraremos la solicitud, revisaremos el contenido y comunicaremos una respuesta. Los errores comprobados se corregirán; cuando afecten de manera importante el sentido de una publicación, se añadirá una nota de actualización. Podrá limitarse temporalmente la difusión cuando exista una razón concreta y seria para hacerlo.
La inconformidad con una opinión no demuestra por sí misma un error factual. Las controversias se examinarán según el contenido, las pruebas, el interés público y los derechos involucrados.
Las solicitudes de titulares de derechos de autor deberán permitir identificar la obra y explicar la titularidad o representación alegada. Una corrección no depende de comprar servicios ni de ser miembro.
Este canal no impide acudir a autoridades, ejercer acciones legales ni solicitar protección urgente.
El directorio organiza establecimientos, instituciones y lugares según su actividad o naturaleza. Una entidad puede aparecer en categorías relacionadas y conservar una sola página individual.
El registro y la presentación básica de texto son gratuitos. La extensión depende de la información comprobable disponible. Los encargos ampliados de entrevistas, fotografías y edición son opcionales y se explican en Unirse.
Los datos aportados por responsables se distinguen de los consultados en otras fuentes. Para incorporar a la línea turística a prestadores sujetos a RNT, se verifica el registro aplicable y su estado, documentando la fecha de consulta. Los lugares geográficos y sus operadores se identifican por separado.
La inclusión o el pago de un trabajo editorial no concede certificaciones de calidad ni reconocimiento dentro de un futuro programa de inspección. Las solicitudes de corrección de datos se atienden sin exigir compras ni membresía.
Cuando se publique información regulatoria se distinguirá entre dato informado por el prestador y dato consultado en una fuente oficial, indicando la fecha de consulta cuando sea relevante. Un registro comprobado en una fecha no garantiza su vigencia indefinida ni certifica la seguridad de toda actividad del prestador.
Los negocios deben informar cambios de contacto, ubicación, tarifas y estado operativo. El equipo editorial podrá solicitar soportes, corregir, suspender o retirar información ante inconsistencias relevantes, procurando informar al interesado y permitir su aclaración.
No se garantiza una posición en buscadores, un número de clientes, un panel de conocimiento de Google ni una acreditación por aparecer en el directorio.
Los anuncios, posiciones destacadas, entrevistas comerciales y artículos pagados se identificarán con expresiones claras como Publicidad, Contenido patrocinado o Perfil comercial. El pago no se ocultará detrás de una apariencia de noticia independiente.
Podemos presentar los aspectos favorables de un negocio de manera atractiva y comprobable. No fabricamos reseñas, certificaciones, testimonios, resultados ni experiencias personales. El anunciante podrá revisar datos de su negocio, pero no comprar la supresión de hechos relevantes ni controlar publicaciones independientes ajenas al acuerdo.
Las tarifas, duración, ubicaciones, rotaciones y entregables se fijarán en la oferta correspondiente. Pagar una categoría superior compra prestaciones definidas, no una declaración de superioridad, seguridad o legalidad.
Los patrocinios de clubes o proyectos identificarán su alcance. No confieren autoridad sobre participantes ni acceso indiscriminado a sus datos. Se revelarán comisiones o intereses económicos relevantes asociados a recomendaciones.
El portal ofrece información para que los viajeros comparen y contraten por separado alojamiento, alimentación, transporte y actividades. Las expresiones turismo autónomo, autogestionado, autoguiado y libre describen formas de organizar el viaje; no crean excepciones regulatorias.
Una persona puede elegir un restaurante, visitar un espacio abierto al público o planear un recorrido sin comprar un paquete. La necesidad de guía, autorización o prestador habilitado depende del lugar y de la actividad, no de que el viajero se llame independiente.
Nuestra función prevista es editorial y publicitaria: publicar referencias y facilitar el contacto directo. Si un servicio futuro incluye reservas, cobros por cuenta de prestadores, venta de excursiones o intermediación turística, se revisará su régimen antes de ofrecerlo. La calificación legal depende de lo que efectivamente se haga. Decreto 1836 de 2021, reglamentación del Registro Nacional de Turismo y plataformas.
El viajero comprobará las condiciones actuales de acceso, temporada, transporte y regreso. Las estimaciones de ahorro se presentarán con cotizaciones comparables, fecha e inclusiones, sin garantizar resultados individuales.
La ausencia de una licencia turística exigible para un servicio concreto no significa ausencia de reglas sanitarias, ambientales, de tránsito, navegación, consumo o seguridad.
Navegar, pescar, nadar, circular en motocicleta o visitar zonas remotas requiere preparación acorde con la actividad. Antes de salir deben conocerse el responsable, itinerario, condiciones del clima y del lugar, equipo, comunicaciones, regreso y alternativas ante incidentes.
Alquilar una lancha, moto acuática o motocicleta no elimina los requisitos del equipo, del conductor ni de la modalidad de servicio. El parasailing y otras actividades especializadas requieren una evaluación particular de su operación y seguridad; no se presentan como experiencias improvisadas de libre ejecución.
Los grupos pueden evaluar acompañamiento sanitario o seguridad privada según el riesgo, distancia y necesidades de sus integrantes. No establecemos un umbral de ocho personas como autorización, exención o garantía de seguridad.
La protección privada se contratará por canales autorizados y para la modalidad permitida. La condición de policía, militar o persona retirada, y el hecho de estar fuera de turno, no acreditan por sí solos autorización para prestar servicios privados de escolta. No se anunciará disponibilidad de funcionarios ni uso privado de recursos públicos sin sustento verificable. Decreto Ley 356 de 1994, artículos 2–4.
Para apoyo sanitario se comprobarán formación, inscripción profesional cuando corresponda, alcance del servicio y condiciones de atención o evacuación. El ReTHUS permite consultar la autorización para el ejercicio de profesiones u ocupaciones comprendidas en ese registro; no reemplaza otras habilitaciones exigibles al servicio. Ministerio de Salud, ReTHUS.
Aceptar una actividad con riesgos conocidos no supone renunciar a derechos irrenunciables ni libera a un organizador o prestador de sus obligaciones.
Reconocemos la dignidad, diversidad cultural, autoridades propias y prioridades de los pueblos indígenas. Apoyamos que participen voluntariamente en la economía local mediante artesanías, alimentos, iniciativas comunitarias y experiencias culturales compatibles con sus decisiones y autonomía.
El Convenio 169 de la OIT, aprobado mediante la Ley 21 de 1991, reconoce la importancia de las artesanías, industrias comunitarias y actividades tradicionales para la cultura y el desarrollo económico. También protege la participación y las decisiones sobre prioridades de desarrollo. Convenio 169, artículos 6, 7 y 23.
Los miembros de una comunidad pueden establecer contacto con visitantes y proponer experiencias. Para presentar una visita como autorizada por la comunidad se verificará quién puede acordarla, qué territorio comprende y cuáles son sus condiciones. La pertenencia individual no equivale a autorización para comprometer colectivamente a la comunidad.
Se acordarán previamente acceso, acompañamiento, pagos, fotografía, uso de testimonios, tratamiento de conocimientos y restricciones culturales. No se publicarán lugares sensibles ni se comercializarán conocimientos reservados sin autorización adecuada.
Un acuerdo de visita no sustituye una consulta previa exigible para una medida o proyecto con afectación directa. La SU-123 de 2018 explica ese criterio y la diligencia necesaria para identificar impactos; no establece una exención general de permisos turísticos. Corte Constitucional, SU-123 de 2018.
El portal no presume representar a un pueblo por mantener relaciones con algunos de sus integrantes. Cualquier gestión en su nombre requiere mandato verificable y limitado al asunto autorizado. No se atribuyen funciones diplomáticas o consulares.
Promovemos compras directas y trato digno a artesanos, productores y vendedores indígenas y de otros sectores de la comunidad. Apoyamos soluciones de comercialización que concilien sustento, cultura, salubridad, accesibilidad y uso compartido del espacio público.
La protección constitucional de vendedores informales exige examinar las circunstancias de vulnerabilidad, el mínimo vital, el debido proceso y la confianza legítima. La C-211 de 2017 condicionó determinadas medidas de multa, decomiso o destrucción para personas vulnerables o de especial protección amparadas por confianza legítima, hasta ofrecer alternativas de reubicación o trabajo formal. No otorgó un permiso general para ocupar cualquier lugar ni eximió de todos los controles. Corte Constitucional, C-211 de 2017.
Por ello, el portal no certifica que la pertenencia indígena habilite automáticamente ventas en cualquier calle. Se procurará información local comprobada y diálogo con autoridades y representantes para identificar espacios y condiciones de comercialización respetuosos de los derechos.
En alimentos se distinguirán preparación para consumo inmediato, productos procesados o empacados y productos naturales. Las exigencias sanitarias y de registro, permiso o notificación dependen de la categoría y de las excepciones aplicables; no todos requieren el mismo trámite. En cualquier caso, se promoverán agua segura, higiene, conservación y manejo adecuado. No se anunciará una exención sanitaria general por origen étnico. Resolución 2674 de 2013, particularmente artículo 37.
Puerto Carreño Online promueve encuentros voluntarios de personas con intereses compartidos: idiomas, jardinería, informática, lectura, pesca, fotografía, cultura, conservación y otros que la comunidad proponga.
La reunión pacífica y la asociación están protegidas por los artículos 37 y 38 de la Constitución. Ese fundamento permite defender los espacios comunitarios frente a restricciones arbitrarias, sin convertir toda actividad del club en una excepción a la ley. Constitución Política.
Cada club deberá comunicar su propósito, coordinación, lugar, participantes admitidos, horarios, aportes o tarifas y reglas básicas. Se exigirá trato respetuoso, prevención de acoso y discriminación, cuidado del lugar y atención a necesidades razonables de accesibilidad.
Conversar sobre pesca no equivale a organizar una excursión de pesca. Estudiar jardinería no autoriza intervenir un parque sin acuerdo. Cuando un club realice una actividad práctica se evaluarán los requisitos propios de esa actividad.
Los encuentros organizados por el proyecto se identificarán como tales; no se trasladará toda su responsabilidad a participantes mediante una declaración general. Los encuentros independientes de miembros deberán distinguirse de los oficialmente convocados.
La participación de menores requiere reglas específicas de autorización, supervisión y protección. Ningún club admite explotación, trabajo infantil indebido o uso promocional no autorizado de la imagen de menores.
Los clubes pueden facilitar intercambio de conocimientos, práctica, autoaprendizaje y actividades de educación informal. La duración de una asociación o de un club no se confunde automáticamente con la duración de un curso.
Cuando se ofrezca un curso de educación informal, se precisarán su contenido, duración y condiciones. La regla del artículo 2.6.6.8 del Decreto 1075 de 2015 comprende cursos inferiores a 160 horas, que no requieren registro ante la secretaría de educación y solo dan lugar a constancia de asistencia. Su promoción debe indicar que son educación informal y no conducen a título ni certificado de aptitud ocupacional. Ministerio de Educación, explicación del régimen.
No se fraccionará artificialmente un programa para presentarlo como cursos independientes y eludir obligaciones. Una oferta que cambie de naturaleza o alcance se revisará antes de anunciarse.
Los facilitadores describirán honestamente sus competencias. La práctica de un idioma, una charla o un taller no se anunciarán como acreditación profesional. Los programas con cobros tendrán condiciones particulares claras, compatibles con estas políticas y con los derechos de sus participantes.
El cuidado del paisaje, del agua, de la fauna y del espacio compartido forma parte del propósito del proyecto. Promovemos limpieza, sombra, vegetación apropiada, manejo de residuos, respeto por vecinos y mejor información para visitantes.
Las campañas en espacios públicos se coordinarán con quien tenga competencia sobre el lugar. Los proyectos de arborización, refugios, infraestructura, intervención de riberas o manejo animal requieren evaluación propia; su valor comunitario no sustituye permisos ni capacidad técnica.
No se promoverá extracción de fauna, ingreso a zonas restringidas, daño a patrimonio cultural ni divulgación de ubicaciones que aumenten riesgos de saqueo o perturbación. Las observaciones de fauna no se anunciarán como avistamientos garantizados.
Las propuestas de mejora se presentarán con evidencia y respeto por las personas. Los reportes de problemas distinguirán observaciones comprobadas de sospechas y no atribuirán delitos sin sustento.
Antes de contratar se identifican el prestador, el trabajo, el precio en pesos colombianos, los cargos aplicables, los entregables, el plazo y las condiciones de revisión o terminación. Se respetan los derechos del consumidor que correspondan al caso.
Antes de recibir un pago se identificará al proveedor y se facilitarán condiciones comprensibles. Se reconocerán los derechos de garantía, retracto o reversión cuando procedan. No se impondrá una regla general de «sin devolución» que desconozca derechos legales. Ley 1480 de 2011, especialmente artículos 23, 29–30, 42–43 y 47–51.
La elaboración de una página ampliada se cobra como encargo editorial de pago único. La publicación anual de la versión ampliada es un concepto separado. Las modalidades vigentes se explican en Unirse; las actualizaciones y ampliaciones se acuerdan según su alcance.
Si no se renueva la publicación de la versión ampliada, la página vuelve a su presentación básica de texto gratuita conforme a las condiciones del servicio. Las correcciones de datos no se condicionan al pago de una renovación.
La contratación no incluye automáticamente membresía asociativa, cuentas digitales, una valoración favorable, certificación ni resultados comerciales o de posicionamiento garantizados.
Los anuncios inmobiliarios, la consultoría y cualquier intervención adicional identifican su responsable y función. La publicación de información no sustituye comprobaciones, acuerdos ni servicios profesionales que requiera una operación concreta.
La consultoría y la elaboración de contenidos no garantizan ventas, rentabilidad ni aprobación administrativa. Se documentarán objetivos y alcance; las decisiones operativas del cliente deben identificarse como tales.
Los anuncios de inmuebles y negocios no sustituyen estudio de títulos, verificación del vendedor, valoración, asesoría profesional ni revisión ambiental. La promoción de oportunidades de inversión no se presentará como captación de ahorro, oferta autorizada de valores o rendimiento garantizado. Cualquier comisión, gestión de ofertas o intervención transaccional requiere un acuerdo y revisión jurídica acordes con la función real.
La orientación general sobre derechos no se anunciará como representación judicial o servicio profesional reservado sin la habilitación correspondiente.
El responsable del tratamiento de los datos administrados por Puerto Carreño Online es David J. Wright. El contacto para consultas de privacidad es webmaster@puertocarreno.com. Esta política cubre la información gestionada por la publicación. Los formularios o servicios gestionados por una organización distinta identifican a su propio responsable y las finalidades correspondientes.
Finalidades. Trataremos los datos necesarios para responder solicitudes, administrar relaciones con colaboradores y clientes, publicar fichas autorizadas, organizar inscripciones, verificar pagos, prestar servicios, atender reclamaciones y cumplir deberes documentales. El envío de publicidad se gestionará con la autorización aplicable y una vía para dejar de recibirla.
Recopilación. Los formularios y canales explicarán qué información se solicita, su finalidad y qué campos son opcionales. Navegar en el sitio no constituye autorización general para cualquier tratamiento. No se exigirá información étnica, de salud o familiar que no sea necesaria. Las condiciones especiales de datos sensibles y de menores se evaluarán antes de recogerlos.
Publicación y acceso. No vendemos bases de datos personales. Separaremos la información de contacto destinada a publicación de los comprobantes, mensajes y documentos privados. El acceso interno se limitará a las funciones necesarias. Incorporar a alguien a un grupo de mensajería que revele su teléfono requerirá información previa y aceptación.
Derechos. Los titulares pueden conocer, actualizar y rectificar sus datos, solicitar prueba de autorización, conocer el uso dado y pedir supresión o revocatoria cuando proceda. Se verificará la identidad de manera proporcional. La conservación exigida por una obligación legal o contractual puede limitar la supresión inmediata. Ley 1581 de 2012, artículos 8–12.
Atención. Las consultas se resolverán dentro de 10 días hábiles, prorrogables hasta por 5 adicionales con explicación previa. Los reclamos se atenderán dentro de 15 días hábiles contados desde el día siguiente a su recepción, prorrogables hasta por 8 adicionales con explicación. Se aplicarán las reglas de subsanación, traslado y constancia de reclamo previstas legalmente. Agotado el trámite correspondiente, puede acudirse a la Superintendencia de Industria y Comercio. Ley 1581, artículos 14–16.
Seguridad y conservación. Se usarán controles de acceso, autenticación y respaldos proporcionados al riesgo. Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para la finalidad informada y las obligaciones aplicables; después se eliminarán o anonimizarán cuando corresponda. Los incidentes se documentarán y atenderán, incluidas las comunicaciones legalmente exigibles.
Información periodística. El régimen de archivos periodísticos y editoriales no se extenderá automáticamente a listas de clientes, miembros, pagos o publicidad. Las publicaciones deben respetar los principios y derechos aplicables; no existe una excepción general de privacidad para todo lo que administra un medio. Ley 1581, artículo 2.
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Las condiciones de cada programa desarrollan este marco. Si existe una contradicción, se corregirá y se respetarán las normas obligatorias y los compromisos válidamente asumidos. Ningún reglamento de club, formulario o anuncio puede crear una exención legal por sí mismo.
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