Conozca cómo funciona Puerto Carreño Online, cómo publicamos información y cómo protegemos los derechos de residentes, visitantes, comunidades, participantes y negocios. Estas políticas reúnen nuestras reglas editoriales, condiciones generales, compromisos de transparencia y prácticas de protección de datos.
Versión del documento: 16 de septiembre de 2026. Entrada en vigor: [COMPLETAR FECHA DE PUBLICACIÓN].
Quiénes somos · Contacto · Directorio
Puerto Carreño Online es una iniciativa editorial, digital y comunitaria independiente que promueve la constitución de una asociación colombiana sin ánimo de lucro: ESAL en formación. El proyecto y el sitio web están en funcionamiento; la persona jurídica proyectada todavía no se presenta como una entidad registrada.
Responsable actual: David J. Wright, fundador, webmaster y editor en jefe, quien coordina el desarrollo del proyecto en Puerto Carreño, Vichada, Colombia.
Correo de atención: webmaster@puertocarreno.com.
Dirección para correspondencia: [COMPLETAR DIRECCIÓN FÍSICA DE ATENCIÓN].
Teléfono de atención: [COMPLETAR NÚMERO].
Mientras se completa la formalización, cada oferta, cobro, contrato y comprobante debe identificar a la persona que presta el servicio o recibe los recursos. El nombre del proyecto no reemplaza esa identificación. No se atribuyen compromisos a una persona jurídica futura sin los actos y acuerdos que correspondan.
La constitución, los estatutos, los nombramientos y el registro se documentarán por los canales aplicables. Al completarse el proceso, este bloque se actualizará con la denominación jurídica, NIT, registro, representación legal y responsable del tratamiento de datos. La inscripción de las entidades sujetas al régimen general produce una persona distinta de sus miembros. Decreto Ley 2150 de 1995, artículos 40–43.
Estas políticas se aplican al sitio en español y a los canales o sitios que las adopten expresamente. Cada sitio puede tener un público y una finalidad diferentes.
Trabajamos por una ciudad mejor informada, más acogedora, limpia, verde y accesible para quienes viven aquí y quienes la visitan. Promovemos la presencia digital de negocios, las buenas prácticas, la cultura, el aprendizaje entre personas y la participación comunitaria.
Nuestros ámbitos de desarrollo incluyen información local, periodismo, directorios, promoción comercial, consultoría empresarial, anuncios inmobiliarios, difusión de oportunidades de inversión, turismo responsable y clubes de interés. También incluyen iniciativas de jardinería, embellecimiento, bienestar animal y cuidado de espacios compartidos, según los recursos y acuerdos disponibles.
La publicación de un objetivo no significa que un programa esté abierto o financiado. Cada servicio activo deberá tener un responsable, un alcance y unas condiciones identificables.
La colaboración con instituciones y autoridades no supone delegación de funciones públicas. Las propuestas sobre servicios, convivencia u ordenamiento local se presentan mediante participación y diálogo. El portal no expide licencias, permisos, certificaciones oficiales ni decisiones obligatorias.
El diseño organizativo prevé una junta directiva diversa, un comité de orientación y cuatro cargos de responsabilidad cuyas funciones se precisarán en los estatutos. La coordinación general se desarrollará bajo la denominación director coordinador. Los órganos, cargos y facultades definitivos dependerán de su adopción y de los nombramientos correspondientes.
El cargo de director coordinador no atribuye por sí solo representación legal ni poder para comprometer a otras personas. Se distinguirán las funciones editoriales, administrativas, asociativas y contractuales.
El apoyo a la iniciativa, la compra de un servicio, la participación en un club y la condición de asociado son relaciones diferentes. Los derechos de voto y participación institucional dependen de los estatutos y de la admisión correspondiente. Ninguna compra otorga automáticamente un cargo directivo.
No se publicará a una persona como fundador, directivo, asesor o patrocinador sin confirmar su aceptación y el alcance de su vinculación. La participación de servidores públicos no se presentará como respaldo institucional sin autorización verificable.
El propósito sin ánimo de lucro orienta los recursos al objeto comunitario. No significa que todo servicio sea gratuito ni que quienes realizan trabajo profesional deban hacerlo sin remuneración.
David J. Wright podrá recibir honorarios por edición, desarrollo y administración de sitios web, consultoría y facilitación de actividades, incluido el Club de Inglés, mediante acuerdos que identifiquen quién contrata, qué se entrega y cómo se paga. Su función de coordinación se distinguirá de esos servicios profesionales.
Se adoptan estas reglas para los acuerdos con fundadores, directivos, familiares y personas vinculadas:
Declarar el interés personal antes de decidir.
Documentar la necesidad, alcance, precio y entregables del servicio.
Someter la aprobación a personas facultadas que no tengan el conflicto.
Dejar constancia de la abstención del beneficiario y conservar soportes de ejecución y pago.
Distinguir el patrimonio personal, los recursos del proyecto y los de la entidad una vez constituida.
Formalizar por escrito el uso, licencia o arrendamiento de dominios, contenidos y otros activos personales.
Una ESAL no adquiere automáticamente el Régimen Tributario Especial ni la facultad de expedir certificados de donación con beneficio tributario. Para entidades acogidas a ese régimen existen reglas específicas sobre pagos a vinculados y distribución indirecta de excedentes. La función efectivamente ejercida importa aunque el cargo tenga otra denominación. DIAN, Oficio 17967 de 2019 y artículo 356-1 del Estatuto Tributario.
Una tarifa por un servicio no se anunciará como donación voluntaria. Los aportes voluntarios indicarán destinatario y finalidad, sin prometer beneficios fiscales no acreditados.
Publicamos información, noticias, entrevistas, opiniones, documentos y contenidos educativos sobre asuntos de interés local. La libertad de expresión y de fundar medios, la prohibición de censura y la protección de la actividad periodística tienen fundamento constitucional. Se ejercen junto con la responsabilidad social, el derecho de rectificación y el respeto por otros derechos. Constitución, artículos 20 y 73; Corte Constitucional, T-391 de 2007.
Nuestro criterio editorial exige:
Distinguir hechos comprobados, declaraciones atribuidas, opiniones y propuestas.
Consultar fuentes pertinentes y conservar los respaldos esenciales.
Identificar fechas y limitaciones cuando una información pueda cambiar.
Solicitar la versión de personas afectadas por señalamientos relevantes, cuando proceda.
Evitar acusaciones sin sustento, discriminación y exposición innecesaria de datos privados.
Corregir errores materiales de forma visible y proporcional.
Promover el desarrollo local no exige ocultar problemas ni prometer cobertura favorable. La crítica fundada y el reconocimiento de mejoras pueden coexistir.
La condición de editor, periodista o webmaster no otorga inmunidad personal ni excluye responsabilidad por conductas propias. La protección editorial proviene de los derechos aplicables y del ejercicio responsable de la publicación, no de usar un distintivo o una licencia de contenidos.
El portal combina obras propias, aportes autorizados, referencias a fuentes públicas y materiales reutilizables conforme a sus licencias. Que algo pueda verse en internet no significa que pueda copiarse libremente.
Para materiales Creative Commons se verificará la licencia exacta de cada obra. Se mantendrán la atribución, el enlace a la fuente y a la licencia, y la indicación de modificaciones cuando corresponda. También se respetarán las condiciones particulares de compartir igual, usos no comerciales o prohibición de distribuir adaptaciones. Una licencia no acredita la veracidad de un contenido ni concede automáticamente derechos sobre imagen personal, marcas o información privada. Creative Commons, condiciones de CC BY 4.0.
Un artículo de Wikipedia y una fotografía incorporada en él pueden tener licencias diferentes. El contenido de redes sociales, mapas y videos se enlazará o incorporará mediante funciones autorizadas cuando resulte adecuado; la disponibilidad pública no se tratará como autorización universal de reproducción.
Contenido propio: salvo licencia expresa en la publicación, se reservan los derechos correspondientes. Pueden compartirse enlaces y hacerse citas dentro de los límites legales, identificando autor y fuente. La reproducción íntegra requiere una licencia o autorización aplicable.
No se aplica una licencia Creative Commons general a todo el sitio por el solo hecho de alojar obras con esa licencia. Los colaboradores conservan sus derechos salvo acuerdo distinto y autorizan los usos que se pacten expresamente.
Los escudos, sellos, marcas y logotipos de terceros se revisarán individualmente. No se utilizarán para insinuar afiliación, certificación o respaldo inexistentes.
Las solicitudes editoriales, de autoría o rectificación pueden enviarse a webmaster@puertocarreno.com, indicando el enlace, el fragmento cuestionado, el motivo y los documentos disponibles. No es necesario remitir información sensible que no ayude a resolver el caso.
Registraremos la solicitud, revisaremos el contenido y comunicaremos una respuesta. Los errores comprobados se corregirán; cuando afecten de manera importante el sentido de una publicación, se añadirá una nota de actualización. Podrá limitarse temporalmente la difusión cuando exista una razón concreta y seria para hacerlo.
La inconformidad con una opinión no demuestra por sí misma un error factual. Las controversias se examinarán según el contenido, las pruebas, el interés público y los derechos involucrados.
Las solicitudes de titulares de derechos de autor deberán permitir identificar la obra y explicar la titularidad o representación alegada. Una corrección no depende de comprar servicios ni de ser miembro.
Este canal no impide acudir a autoridades, ejercer acciones legales ni solicitar protección urgente.
Los directorios organizan negocios, servicios, espacios públicos, atractivos y experiencias. Una ficha informa sobre una actividad o lugar; no reemplaza registros, permisos, inspecciones ni evaluaciones técnicas.
Cuando se publique información regulatoria se distinguirá entre dato informado por el prestador y dato consultado en una fuente oficial, indicando la fecha de consulta cuando sea relevante. Un registro comprobado en una fecha no garantiza su vigencia indefinida ni certifica la seguridad de toda actividad del prestador.
Los negocios deben informar cambios de contacto, ubicación, tarifas y estado operativo. El equipo editorial podrá solicitar soportes, corregir, suspender o retirar información ante inconsistencias relevantes, procurando informar al interesado y permitir su aclaración.
Los lugares públicos y de interés comunitario pueden incluirse editorialmente sin comprar una membresía. Los prestadores pueden aparecer en categorías locales y turísticas relacionadas con su actividad real. La descripción turística breve y la página individual deben mantener información coherente.
No se garantiza una posición en buscadores, un número de clientes, un panel de conocimiento de Google ni una acreditación por aparecer en el directorio.
Los anuncios, posiciones destacadas, entrevistas comerciales y artículos pagados se identificarán con expresiones claras como Publicidad, Contenido patrocinado o Perfil comercial. El pago no se ocultará detrás de una apariencia de noticia independiente.
Podemos presentar los aspectos favorables de un negocio de manera atractiva y comprobable. No fabricamos reseñas, certificaciones, testimonios, resultados ni experiencias personales. El anunciante podrá revisar datos de su negocio, pero no comprar la supresión de hechos relevantes ni controlar publicaciones independientes ajenas al acuerdo.
Las tarifas, duración, ubicaciones, rotaciones y entregables se fijarán en la oferta correspondiente. Pagar una categoría superior compra prestaciones definidas, no una declaración de superioridad, seguridad o legalidad.
Los patrocinios de clubes o proyectos identificarán su alcance. No confieren autoridad sobre participantes ni acceso indiscriminado a sus datos. Se revelarán comisiones o intereses económicos relevantes asociados a recomendaciones.
El portal ofrece información para que los viajeros comparen y contraten por separado alojamiento, alimentación, transporte y actividades. Las expresiones turismo autónomo, autogestionado, autoguiado y libre describen formas de organizar el viaje; no crean excepciones regulatorias.
Una persona puede elegir un restaurante, visitar un espacio abierto al público o planear un recorrido sin comprar un paquete. La necesidad de guía, autorización o prestador habilitado depende del lugar y de la actividad, no de que el viajero se llame independiente.
Nuestra función prevista es editorial y publicitaria: publicar referencias y facilitar el contacto directo. Si un servicio futuro incluye reservas, cobros por cuenta de prestadores, venta de excursiones o intermediación turística, se revisará su régimen antes de ofrecerlo. La calificación legal depende de lo que efectivamente se haga. Decreto 1836 de 2021, reglamentación del Registro Nacional de Turismo y plataformas.
El viajero comprobará las condiciones actuales de acceso, temporada, transporte y regreso. Las estimaciones de ahorro se presentarán con cotizaciones comparables, fecha e inclusiones, sin garantizar resultados individuales.
La ausencia de una licencia turística exigible para un servicio concreto no significa ausencia de reglas sanitarias, ambientales, de tránsito, navegación, consumo o seguridad.
Navegar, pescar, nadar, circular en motocicleta o visitar zonas remotas requiere preparación acorde con la actividad. Antes de salir deben conocerse el responsable, itinerario, condiciones del clima y del lugar, equipo, comunicaciones, regreso y alternativas ante incidentes.
Alquilar una lancha, moto acuática o motocicleta no elimina los requisitos del equipo, del conductor ni de la modalidad de servicio. El parasailing y otras actividades especializadas requieren una evaluación particular de su operación y seguridad; no se presentan como experiencias improvisadas de libre ejecución.
Los grupos pueden evaluar acompañamiento sanitario o seguridad privada según el riesgo, distancia y necesidades de sus integrantes. No establecemos un umbral de ocho personas como autorización, exención o garantía de seguridad.
La protección privada se contratará por canales autorizados y para la modalidad permitida. La condición de policía, militar o persona retirada, y el hecho de estar fuera de turno, no acreditan por sí solos autorización para prestar servicios privados de escolta. No se anunciará disponibilidad de funcionarios ni uso privado de recursos públicos sin sustento verificable. Decreto Ley 356 de 1994, artículos 2–4.
Para apoyo sanitario se comprobarán formación, inscripción profesional cuando corresponda, alcance del servicio y condiciones de atención o evacuación. El ReTHUS permite consultar la autorización para el ejercicio de profesiones u ocupaciones comprendidas en ese registro; no reemplaza otras habilitaciones exigibles al servicio. Ministerio de Salud, ReTHUS.
Aceptar una actividad con riesgos conocidos no supone renunciar a derechos irrenunciables ni libera a un organizador o prestador de sus obligaciones.
Reconocemos la dignidad, diversidad cultural, autoridades propias y prioridades de los pueblos indígenas. Apoyamos que participen voluntariamente en la economía local mediante artesanías, alimentos, iniciativas comunitarias y experiencias culturales compatibles con sus decisiones y autonomia.
El Convenio 169 de la OIT, aprobado mediante la Ley 21 de 1991, reconoce la importancia de las artesanías, industrias comunitarias y actividades tradicionales para la cultura y el desarrollo económico. También protege la participación y las decisiones sobre prioridades de desarrollo. Convenio 169, artículos 6, 7 y 23.
Los miembros de una comunidad pueden establecer contacto con visitantes y proponer experiencias. Para presentar una visita como autorizada por la comunidad se verificará quién puede acordarla, qué territorio comprende y cuáles son sus condiciones. La pertenencia individual no equivale a autorización para comprometer colectivamente a la comunidad.
Se acordarán previamente acceso, acompañamiento, pagos, fotografía, uso de testimonios, tratamiento de conocimientos y restricciones culturales. No se publicarán lugares sensibles ni se comercializarán conocimientos reservados sin autorización adecuada.
Un acuerdo de visita no sustituye una consulta previa exigible para una medida o proyecto con afectación directa. La SU-123 de 2018 explica ese criterio y la diligencia necesaria para identificar impactos; no establece una exención general de permisos turísticos. Corte Constitucional, SU-123 de 2018.
El portal no presume representar a un pueblo por mantener relaciones con algunos de sus integrantes. Cualquier gestión en su nombre requiere mandato verificable y limitado al asunto autorizado. No se atribuyen funciones diplomáticas o consulares.
Promovemos compras directas y trato digno a artesanos, productores y vendedores indígenas y de otros sectores de la comunidad. Apoyamos soluciones de comercialización que concilien sustento, cultura, salubridad, accesibilidad y uso compartido del espacio público.
La protección constitucional de vendedores informales exige examinar las circunstancias de vulnerabilidad, el mínimo vital, el debido proceso y la confianza legítima. La C-211 de 2017 condicionó determinadas medidas de multa, decomiso o destrucción para personas vulnerables o de especial protección amparadas por confianza legítima, hasta ofrecer alternativas de reubicación o trabajo formal. No otorgó un permiso general para ocupar cualquier lugar ni eximió de todos los controles. Corte Constitucional, C-211 de 2017.
Por ello, el portal no certifica que la pertenencia indígena habilite automáticamente ventas en cualquier calle. Se procurará información local comprobada y diálogo con autoridades y representantes para identificar espacios y condiciones de comercialización respetuosos de los derechos.
En alimentos se distinguirán preparación para consumo inmediato, productos procesados o empacados y productos naturales. Las exigencias sanitarias y de registro, permiso o notificación dependen de la categoría y de las excepciones aplicables; no todos requieren el mismo trámite. En cualquier caso, se promoverán agua segura, higiene, conservación y manejo adecuado. No se anunciará una exención sanitaria general por origen étnico. Resolución 2674 de 2013, particularmente artículo 37.
Puerto Carreño Online promueve encuentros voluntarios de personas con intereses compartidos: idiomas, jardinería, informática, lectura, pesca, fotografía, cultura, conservación y otros que la comunidad proponga.
La reunión pacífica y la asociación están protegidas por los artículos 37 y 38 de la Constitución. Ese fundamento permite defender los espacios comunitarios frente a restricciones arbitrarias, sin convertir toda actividad del club en una excepción a la ley. Constitución Política.
Cada club deberá comunicar su propósito, coordinación, lugar, participantes admitidos, horarios, aportes o tarifas y reglas básicas. Se exigirá trato respetuoso, prevención de acoso y discriminación, cuidado del lugar y atención a necesidades razonables de accesibilidad.
Conversar sobre pesca no equivale a organizar una excursión de pesca. Estudiar jardinería no autoriza intervenir un parque sin acuerdo. Cuando un club realice una actividad práctica se evaluarán los requisitos propios de esa actividad.
Los encuentros organizados por el proyecto se identificarán como tales; no se trasladará toda su responsabilidad a participantes mediante una declaración general. Los encuentros independientes de miembros deberán distinguirse de los oficialmente convocados.
La participación de menores requiere reglas específicas de autorización, supervisión y protección. Ningún club admite explotación, trabajo infantil indebido o uso promocional no autorizado de la imagen de menores.
Los clubes pueden facilitar intercambio de conocimientos, práctica, autoaprendizaje y actividades de educación informal. La duración de una asociación o de un club no se confunde automáticamente con la duración de un curso.
Cuando se ofrezca un curso de educación informal, se precisarán su contenido, duración y condiciones. La regla del artículo 2.6.6.8 del Decreto 1075 de 2015 comprende cursos inferiores a 160 horas, que no requieren registro ante la secretaría de educación y solo dan lugar a constancia de asistencia. Su promoción debe indicar que son educación informal y no conducen a título ni certificado de aptitud ocupacional. Ministerio de Educación, explicación del régimen.
No se fraccionará artificialmente un programa para presentarlo como cursos independientes y eludir obligaciones. Una oferta que cambie de naturaleza o alcance se revisará antes de anunciarse.
Los facilitadores describirán honestamente sus competencias. La práctica de un idioma, una charla o un taller no se anunciarán como acreditación profesional. Los programas con cobros tendrán condiciones particulares claras, compatibles con estas políticas y con los derechos de sus participantes.
El cuidado del paisaje, del agua, de la fauna y del espacio compartido forma parte del propósito del proyecto. Promovemos limpieza, sombra, vegetación apropiada, manejo de residuos, respeto por vecinos y mejor información para visitantes.
Las campañas en espacios públicos se coordinarán con quien tenga competencia sobre el lugar. Los proyectos de arborización, refugios, infraestructura, intervención de riberas o manejo animal requieren evaluación propia; su valor comunitario no sustituye permisos ni capacidad técnica.
No se promoverá extracción de fauna, ingreso a zonas restringidas, daño a patrimonio cultural ni divulgación de ubicaciones que aumenten riesgos de saqueo o perturbación. Las observaciones de fauna no se anunciarán como avistamientos garantizados.
Las propuestas de mejora se presentarán con evidencia y respeto por las personas. Los reportes de problemas distinguirán observaciones comprobadas de sospechas y no atribuirán delitos sin sustento.
Las páginas comerciales y propuestas particulares definirán precio en pesos colombianos, impuestos o cargos aplicables, vigencia, entregables, plazo, revisiones, actualización, terminación y condiciones de devolución. Las cuotas asociativas se distinguirán de servicios y patrocinios.
Antes de recibir un pago se identificará al proveedor y se facilitarán condiciones comprensibles. Se reconocerán los derechos de garantía, retracto o reversión cuando procedan. No se impondrá una regla general de «sin devolución» que desconozca derechos legales. Ley 1480 de 2011, especialmente artículos 23, 29–30, 42–43 y 47–51.
La consultoría y la elaboración de contenidos no garantizan ventas, rentabilidad ni aprobación administrativa. Se documentarán objetivos y alcance; las decisiones operativas del cliente deben identificarse como tales.
Los anuncios de inmuebles y negocios no sustituyen estudio de títulos, verificación del vendedor, valoración, asesoría profesional ni revisión ambiental. La promoción de oportunidades de inversión no se presentará como captación de ahorro, oferta autorizada de valores o rendimiento garantizado. Cualquier comisión, gestión de ofertas o intervención transaccional requiere un acuerdo y revisión jurídica acordes con la función real.
La orientación general sobre derechos no se anunciará como representación judicial o servicio profesional reservado sin la habilitación correspondiente.
El responsable durante la etapa actual es la persona identificada en la sección 1. El contacto para privacidad es webmaster@puertocarreno.com. Esta política cubre la información administrada por el proyecto; no sustituye las políticas de terceros.
Finalidades. Trataremos los datos necesarios para responder solicitudes, administrar relaciones con colaboradores y clientes, publicar fichas autorizadas, organizar inscripciones, verificar pagos, prestar servicios, atender reclamaciones y cumplir deberes documentales. El envío de publicidad se gestionará con la autorización aplicable y una vía para dejar de recibirla.
Recopilación. Los formularios y canales explicarán qué información se solicita, su finalidad y qué campos son opcionales. Navegar en el sitio no constituye autorización general para cualquier tratamiento. No se exigirá información étnica, de salud o familiar que no sea necesaria. Las condiciones especiales de datos sensibles y de menores se evaluarán antes de recogerlos.
Publicación y acceso. No vendemos bases de datos personales. Separaremos la información de contacto destinada a publicación de los comprobantes, mensajes y documentos privados. El acceso interno se limitará a las funciones necesarias. Incorporar a alguien a un grupo de mensajería que revele su teléfono requerirá información previa y aceptación.
Derechos. Los titulares pueden conocer, actualizar y rectificar sus datos, solicitar prueba de autorización, conocer el uso dado y pedir supresión o revocatoria cuando proceda. Se verificará la identidad de manera proporcional. La conservación exigida por una obligación legal o contractual puede limitar la supresión inmediata. Ley 1581 de 2012, artículos 8–12.
Atención. Las consultas se resolverán dentro de 10 días hábiles, prorrogables hasta por 5 adicionales con explicación previa. Los reclamos se atenderán dentro de 15 días hábiles contados desde el día siguiente a su recepción, prorrogables hasta por 8 adicionales con explicación. Se aplicarán las reglas de subsanación, traslado y constancia de reclamo previstas legalmente. Agotado el trámite correspondiente, puede acudirse a la Superintendencia de Industria y Comercio. Ley 1581, artículos 14–16.
Seguridad y conservación. Se usarán controles de acceso, autenticación y respaldos proporcionados al riesgo. Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para la finalidad informada y las obligaciones aplicables; después se eliminarán o anonimizarán cuando corresponda. Los incidentes se documentarán y atenderán, incluidas las comunicaciones legalmente exigibles.
Información periodística. El régimen de archivos periodísticos y editoriales no se extenderá automáticamente a listas de clientes, miembros, pagos o publicidad. Las publicaciones deben respetar los principios y derechos aplicables; no existe una excepción general de privacidad para todo lo que administra un medio. Ley 1581, artículo 2.
El sitio utiliza servicios de Google Sites y puede incorporar Google Forms, Maps, YouTube, documentos y enlaces a otras plataformas. Esos servicios pueden tratar datos técnicos, utilizar cookies o recibir información cuando se interactúa con ellos, conforme a su configuración y políticas.
No afirmamos que navegar sea anónimo ni que el sitio carezca de cookies. Los formularios informarán si requieren una cuenta o recopilan correo electrónico. Antes de añadir analítica, publicidad o nuevas integraciones se revisarán su funcionamiento, información al usuario y requisitos de consentimiento.
El uso de servicios en la nube se evaluará según el tratamiento efectivamente realizado, incluidos encargados, transmisiones o transferencias internacionales cuando correspondan. No se enviarán documentos sensibles a herramientas de generación de contenido sin una base y medidas adecuadas.
Las herramientas de inteligencia artificial pueden apoyar redacción, traducción, clasificación o ilustración. La revisión editorial humana sigue siendo necesaria. Una imagen ilustrativa o generada no se presentará como prueba fotográfica de un hecho, un establecimiento o un servicio real.
El portal responde por las obligaciones que le correspondan según su actuación efectiva. Un enlace no equivale por sí solo a operar el servicio enlazado; organizar, cobrar, prometer o intervenir sí puede generar obligaciones que no desaparecen por un descargo escrito.
Los usuarios deben emplear la información con criterio, verificar datos cambiantes y respetar derechos de terceros. No se permite suplantación, fraude, acoso, aportes ilícitos ni intentos de acceso no autorizado.
No garantizamos disponibilidad permanente del sitio ni exactitud indefinida de horarios, tarifas, rutas o datos suministrados por terceros. Atenderemos errores y alertas de forma razonable según su gravedad. Las limitaciones se interpretan dentro de la ley y no excluyen responsabilidad que legalmente no pueda excluirse.
La consulta de estas políticas no equivale a una renuncia de derechos. Los contratos, autorizaciones de datos e inscripciones que requieran aceptación tendrán su propio mecanismo. Ninguna cláusula impide presentar una reclamación ante la autoridad competente.
Los viajes transfronterizos requieren comprobar las condiciones de ambas jurisdicciones. Una invitación comunitaria o contacto local no sustituye las exigencias migratorias, aduaneras o de navegación que correspondan.
Puede solicitar correcciones, plantear inquietudes, proponer mejoras o reportar incumplimientos mediante webmaster@puertocarreno.com y los canales de Contacto. Identifique el asunto como editorial, privacidad, directorio, servicio o actividad para facilitar su atención. El portal no es un canal de emergencias.
Las políticas se revisarán cuando cambien la estructura jurídica, los servicios, la tecnología o las obligaciones aplicables. Se conservará un historial de versiones. Los cambios relevantes se comunicarán por medios adecuados; no se aplicarán retroactivamente para reducir derechos adquiridos ni sustituir autorizaciones que deban obtenerse de nuevo.
Las condiciones de cada programa desarrollan este marco. Si existe una contradicción, se corregirá y se respetarán las normas obligatorias y los compromisos válidamente asumidos. Ningún reglamento de club, formulario o anuncio puede crear una exención legal por sí mismo.
Nuestro compromiso es construir una organización útil y confiable mediante información comprobable, participación voluntaria, acuerdos claros y rendición de cuentas.